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Nueva Ley de la Cadena Alimentaria, contra desequilibrios y abusos

25.10.2013 | Categoría: CTIC-CITA General, Mercados y empresa, Seguridad alimentaria

Mediante la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, que entrará en vigor a comienzos de 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pretende acabar con desequilibrios y prácticas abusivas en el sector. Pero no todos los agentes implicados creen que se consiga.


CC BY-SA Fora do Eixo

La Ley de la Cadena Alimentaria es una de las principales iniciativas promovidas en esta legislatura por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). El director general de Industria Alimentaria, Fernando J. Burgaz, la califica de "ley pionera en Europa" que busca "aportar soluciones en positivo a las debilidades y desequilibrios detectados en la cadena de valor del sector agroalimentario".


Entre esas debilidades figuran la rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la inestabilidad de los mercados, la volatilidad de los precios de los productos agrícolas y la existencia de claras asimetrías en el poder de negociación que derivan de una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia.


Una de las principales medidas de la nueva Ley para frenar estos desajustes es la obligación (con algunas excepciones) de formalizar contratos por escrito para las transacciones comerciales de más de 2.500? que no se paguen al contado. Obligación que, según Sandra Anguiano, Directora de Competitividad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) aportará transparencia y seguridad jurídica a las partes. Sin embargo, en opinión de Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), "la Ley establece excepciones a este respecto basándose en el tamaño de los operadores o el carácter perecedero de los productos, lo cual resta efectividad a la misma".


Otro aspecto clave que incluye la Ley es la prohibición de determinadas prácticas comerciales consideradas abusivas, como la modificación unilateral de contratos, la gestión discriminatoria de las marcas de distribuidor y fabricante, el incumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley de morosidad, el suministro de información comercial sensible y la manipulación de subastas electrónicas. No contempla, sin embargo, la denominada "venta a pérdidas", denunciada por los productores como una de las prácticas más dañinas, relacionada con la utilización de alimentos como la leche, el aceite, el pan, las carnes o la fruta de verano como productos reclamo a precios de venta al público anormalmente reducidos.

La norma recoge también la futura redacción de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, de carácter voluntario pero de obligado cumplimiento para quien lo suscriba, y la creación de una Agencia de Información y Control Alimentario, para vigilar, controlar y sancionar, actuando de oficio o a denuncia anónima de los operadores, todas aquellas prácticas comerciales que puedan ser consideradas abusivas o desleales.

Pese a las posibles carencias, Agustín Herrero, subdirector general de Cooperativas Agro-alimentarias, considera la nueva ley "imprescindible" para regular unas prácticas comerciales que se han ido deteriorando progresivamente y que han dañado a todos los agentes de la cadena.


Por su parte, Aurelio del Pino, director general de la Asociación de cadenas españolas de supermercados (ACES) considera positivo que se proscriban las prácticas desleales que se aprecian en la cadena, aunque señala que el sistema mixto de regulación que propone la Ley no es del todo bueno.


La Comisión Nacional de la Competencia también fue crítica, en su momento, con el anteproyecto de Ley, recomendando suprimir la regulación de los contratos y el Código de Buenas Prácticas Mercantiles.


Otro artículo que ha despertado especial interés es el relativo a la mejora de la vertebración de la cadena alimentaria, en el que se indica que se favorecerán las iniciativas que faciliten la introducción de la innovación y las tecnologías de la información y comunicación en la cadena, así como las encaminadas al desarrollo de los canales cortos de comercialización que permitan una mayor repercusión del valor añadido en los productores y elaboradores.

Para Burgaz, aunque haya sido "criticada por la industria por considerar que se queda corta en algunos ámbitos de aplicación de la misma y criticada también por la distribución, por considerar que regula demasiado las operaciones comerciales, la Ley busca el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria para garantizar un valor añadido sostenible para todos los operadores que contribuya a aumentar la competitividad global y en último término revierta en los consumidores".